Ha sido un honor y un privilegio dirigirme a todos los académicos, en una institución de tantísima historia, tradición y prestigio. Un honor, un privilegio y también, tengo que confesarlo, una gran responsabilidad y al mismo tiempo una honda satisfacción, por poder estar en una tribuna que han ocupado figuras tan reconocidas y respetadas antes que yo a lo largo de las más de siete décadas de vida de esta institución, que entronca, además, con la centenaria inquietud cultural, investigadora y científica de la ciudad de Jerez.
Como economista y como presidente de la Fundación Cajasol, y antes de eso de la caja de ahorros que llevaba el mismo nombre, comparto con ustedes algunas reflexiones sobre la situación de la economía española, y muy particularmente de su sistema financiero, que, cuando dábamos por enterrada la crisis desatada en 2008, se ve de nuevo envuelta en un período de incertidumbre como consecuencia de la crisis energética, la guerra de Ucrania y derivadas tan importantes como la inflación.
Pero antes de entrar en la situación actual, creo conveniente repasar los orígenes del actual sistema financiero español, que se parece muy poco, por no decir en nada, a aquel con que contábamos hace simplemente tres lustros.
Un sector financiero que, hay que comenzar por destacar esto, ha experimentado en este período uno de los procesos de reestructuración más complejos y profundos de la Zona Euro. Unos cambios que han configurado un nuevo escenario y unas reglas del juego radicalmente distintas a las que conocíamos antes del estallido de la crisis.
Fíjense,
- Apenas siete años después de la quiebra de Lehman Brothers, el mapa financiero español pasó de contar con 55 entidades a apenas una docena, casi cinco veces menos de las que existían en el año 2008, debido a las sucesivas compras y fusiones que se han llevado a cabo. Un proceso que por cierto seguramente no ha terminado todavía como lo demuestra operaciones recientes como las protagonizadas entre CaixaBank y Bankia o entre Unicaja y Liberbank, ambas el pasado año. Ahora bien y como señala Funcas en un reciente informe, las razones para estas fusiones y adquisiciones no están tan destinadas a mejorar su solvencia, que está garantizada, como a una mejor adecuación al contexto de competencia, tamaño de mercado y cambios operados en el mismo como consecuencia del proceso de digitalización.
- El número de oficinas ha descendido más de un 40%. En efecto, en 2014, había 31.817 sucursales en España, una media de 230 sucursales por banco. En el primer trimestre de 2022, este número había disminuido hasta las 18.467. En otras palabras, una de cada cuatro sucursales existentes en 2014 ha desaparecido. Ahora mismo en España hay tantas sucursales bancarias como en 1976, con la diferencia de que entonces había 10 millones menos de habitantes, y las necesidades y servicios financieros eran menores, aunque todo esto debe matizarse con el proceso de digitalización al que luego me referiré.
- En cuanto al número de empleados, en 2008, en el momento de la caída de Lehman Brothers, la banca española alcanzaba el máximo de empleados, más de 278.000. Ahora apenas supera los 164.000, un 42% menos.
- En la práctica, se produjo la desaparición de todas las cajas de ahorros, un modelo con más 200 años de historia en España y singularidades muy específicas, como les detallaré más adelante.
- Y para poder llevar a cabo esta remodelación, que en estos momentos está prácticamente completada, fue necesaria la aportación de 58.000 millones de euros en asistencia financiera para reforzar y recapitalizar el sistema. En su memoria de 2020, el FROB calcula que de los 58.876 millones que inyectó a la banca española solo ha recuperado algo menos de 6.000 millones, apenas un 10%.
Como les decía, una transformación de un calado sin precedente alguno en la historia de España que se ha producido a pesar de que inicialmente se pensaba que los bancos y cajas españolas gozaban de una fortaleza superior al resto de entidades europeas y que, por lo tanto, iban a sufrir menos los efectos de la crisis.
Posiblemente, y como expondré más adelante, esto se debió en primer lugar a un error de diagnóstico sobre la naturaleza y la gravedad de los problemas a los que se enfrentaba el sector financiero. Y también, como factor añadido, a una reacción tardía de los poderes públicos.
Este camino de reformas y de reorganización del modelo financiero español ha tenido, pues, sus luces y sus sombras, aunque el balance no puede considerarse más positivo. Gracias a que el sector hizo sus deberes –con la ayuda del estado, ciertamente–, hoy contamos con un sistema más fuerte, saneado, estable y competitivo.
El trabajo realizado para la recapitalización, saneamiento, ajustes de capacidad y reforma de las cajas de ahorros han permitido superar los desequilibrios que se habían acumulado en el sistema financiero. A día de hoy, y como señalan las distintas evaluaciones que han hecho tanto el Banco Central Europeo como la Comisión Europea o el Fondo Monetario Internacional, el sector bancario español cuenta con balances saneados y con mayor fortaleza, lo que le permitió, por ejemplo, afrontar la crisis de la pandemia. Les daré sólo un dato, el relativo al CET 1, la principal medida de fortaleza financiera usada por el regulador bancario: Las entidades que operaban en España comenzaron 2020 con una ratio CET1 del 12,53 %. Pese a la irrupción de la pandemia, la ratio CET1 del sistema bancario español aumentó en 71 puntos básicos.
- El origen de la crisis
Considero importante reflexionar cómo hemos alcanzado esta situación, infinitamente más positiva de la que heredamos y para ello creo que si queremos comprender en profundidad cómo y por qué hemos llegado hasta el escenario actual y porqué fue necesaria una reforma de este calado, el primer paso debe partir de un análisis realista, y también autocrítico, sobre la verdadera situación en la que se encontraba el sistema financiero español en el momento del derrumbe de Lehman Brothers.
Evidentemente que lo ocurrido en España no puede desligarse de la crisis económica mundial y desde luego del contexto europeo, y no hay más que recordar las tremendas dificultades por las atravesaron países de nuestro entorno como Grecia, Portugal o Irlanda. Y también es importante tener claro que el estallido de la crisis financiera coincidió con importantes problemas de gobernanza en el entorno europeo, tanto en materia política como en especial por la falta de instrumentos eficaces para gestionar las políticas económicas de la Unión Europea. Deficiencias que han vuelto a mostrarse ahora con la crisis energética, a la que aludiré más adelante.
En este contexto que les dibujo, y partiendo como les digo de un análisis autocrítico, hay que decir que la realidad es que, pese a su fortaleza aparente, el sistema había acumulado importantes vulnerabilidades durante los años de auge económico. Debilidades derivadas en buena parte de los desequilibrios profundos que fue acumulando la economía española, pero también de circunstancias propias de las entidades financieras.
Hay que recordar así que el periodo entre los años 2000 y 2008 estuvo marcado por una enorme abundancia de liquidez a tipos de interés muy bajo, con primas de riesgo históricamente reducidas y unas políticas públicas expansivas sostenidas a lo largo de la década. Todos estos factores configuraron, en último término, un entorno en el que se concedía mucho crédito y en unas condiciones excepcionalmente relajadas y poco exigentes.
Como consecuencia, el endeudamiento de empresas y familias creció exponencialmente, al mismo tiempo que se producía un crecimiento desaforado del mercado inmobiliario al que quedaron temerariamente expuestas las entidades financieras. Como desafortunadamente se pudo comprobar más tarde, se había estado alimentando una burbuja del ladrillo que estaba a punto de explotar.
Déjenme ofrecerles algunos datos ilustrativos de lo que estaba pasando. Entre los años 2000 y 2008, los créditos a familias y empresas se dispararon una media del 16% anual, hasta representar nada menos que el 172% del Producto Interior Bruto español. Seis de cada diez euros fueron a parar precisamente al sector inmobiliario, con más de 5 millones de visados de obra nueva firmados durante este periodo.
Y al mismo tiempo que la gente se endeudaba cada vez más, los precios de los activos inmobiliarios entraron en una vertiginosa espiral alcista, sometidos a una constante sobrevaloración que hizo, por ejemplo, que el metro cuadrado de vivienda terminada pasara en ocho años de costar 893 euros a 2.019 euros, bastante más del doble.
Como consecuencia, las familias tenían que destinar un porcentaje cada vez mayor de sus ingresos para pagar la hipoteca: si en el año 2000 era un 23%, cuando se desencadenó la crisis había sobrepasado el 40%.
Este excesivo endeudamiento no afectó sólo a empresas y familias, sino también a las propias entidades bancarias. Hay que tener en cuenta que, en un contexto de tipos de interés muy bajos, los depósitos perdieron en gran medida atractivo como producto y su crecimiento se ralentizó.
Esto empujó a las entidades a acudir de forma creciente al mercado mayorista, es decir, al endeudamiento, para financiarse y poder sostener el imparable aumento de la actividad crediticia. Resultado: el peso de la financiación externa en el activo total de las entidades (sumando las totalizaciones) pasó del 8% al 30% en el balance, y su importe se multiplicó por diez.
En pocas palabras: las entidades financieras se endeudaron muy por encima de lo recomendable, con el objetivo de poder responder a la fuerte demanda de financiación y en definitiva para alimentar esa actividad inmobiliaria que atravesaba un momento de acelerada expansión, como ocurrió durante la década entre 1996 y 2006. La exposición inmobiliaria en aquellos años alcanzó los 400.000 millones de euros, y en total la exposición crediticia llegó a 1,5 billones de euros.
En el caso concreto de las cajas de ahorros, que en aquellos momentos representaban casi la mitad de todo el sistema financiero español y copaban el mercado de los créditos, hay que decir que la propia singularidad de su modelo se consideró en un primer momento una salvaguarda frente a los embates de la crisis. Hablamos de unas entidades con un sistema de funcionamiento bastante tradicional, una gran penetración social, una clientela muy fiel y estable y una obra social de enorme alcance y prestigio.
Es importante señalar que, a diferencia de otros países de nuestro entorno, en España el sector financiero no se dejó llevar por la fiebre de la comercialización de activos complejos y de alto riesgo, y eso hizo que las primeras sacudidas de la convulsión financiera internacional se dejaran notar, en un primer momento, con menor intensidad en España, lo que generó seguramente una sensación engañosa de seguridad y de fortaleza.
Sin embargo, hay que reconocer que no se calibró bien la verdadera dimensión de la excesiva sobreexposición al sector del ladrillo, más elevado en el caso de las cajas de ahorros precisamente por sus profundos vínculos en el territorio y su experiencia acumulada en el sector de las hipotecas.
Había otros elementos añadidos de vulnerabilidad derivados del propio carácter y configuración interna de las cajas, como su incapacidad para captar recursos en el mercado privado o problemas de gobernanza interna, que como veremos a continuación fueron abordados en un primer momento con más voluntad que acierto por parte de los poderes públicos.
Primeras medidas
Nos encontramos pues en el momento en el que las autoridades mundiales, europeas y nacionales son conscientes por primera vez de la necesidad de adoptar medidas para proteger y proteger el sector financiero del tsunami desencadenado por la crisis de las subprime. ¿Cómo se respondió? ¿Qué medidas se tomaron?
En este punto, creo que es importante distinguir dos fases diferenciadas de respuesta. Una primera, entre los años 2008 y 2011, donde a las medidas que se pusieron en marcha les faltó una visión global y sobre todo un diagnóstico más certero de lo que estaba pasando. Como consecuencia, hay que decir que durante ese periodo las decisiones fueron parciales e insuficientemente efectivas, cuando no abiertamente contradictorias. Y mientras eso pasaba, el sector, lejos de mejorar, continuaba acumulando desequilibrios y debilidades.
El error de partida fue, como digo, de diagnóstico. La impresión inicial es que el principal problema era de liquidez, y en este asunto se concentraron los mayores esfuerzos. A continuación, se apostó por impulsar un profundo proceso de concentración de entidades y por favorecer su solvencia con exigencias de capitalización cada vez más duras. Sin embargo, no se abordó convenientemente el auténtico problema de fondo, que no era otro que la necesidad de reducir los elevadísimos niveles de endeudamiento de las entidades.
Las principales medidas adoptadas en este periodo pueden resumirse en cuatro:
- La primera iniciativa de calado fue la creación, en 2008, del Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF), dotado con 30.000 millones de euros y destinado a la compra de activos de máxima calidad para apoyar el flujo de crédito hacia la actividad productiva y los particulares. Además, se amplió hasta los 100.000 euros la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos y se concedieron avales públicos por valor de 100.000 millones de euros a emisiones de las entidades en mercados mayoristas.
- Al año siguiente, en 2009, se creó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), con el objetivo principal de financiar los procesos de integración entre entidades, reforzar la solvencia de las entidades resultantes y aportar una solución rápida para las entidades no viables. Hasta el primer trimestre de 2011, el FROB concedió 10.000 millones de euros en ayudas a través de la aportación de participaciones preferentes.
- Un año después de la aprobación del FROB, a mediados de 2010, se ponía en marcha el mayor proceso de concentración de la historia en las cajas de ahorros. Se fomentó su bancarización a través de varias fórmulas: fusiones convencionales, integración en un Sistema Institucional de Protección (SIP) o fusión fría, ceder su negocio bancario a un banco, o transformarse en fundación.
Por otro lado, se procedió a una profunda reforma de su régimen jurídico, para, entre otros objetivos, reducir su politización y sacar a los miembros de sindicatos y poderes públicos de sus órganos de gobierno.
Sin embargo, y como hemos podido comprobar posteriormente, se trataba de un plan poco realista y diseñado con escasa previsión. De hecho, sólo tres años después de su puesta en marcha, y después de varios procesos de fusiones frías para favorecer la concentración de entidades de ahorro, la realidad es que ya no quedaba ninguna caja en España, de las 45 entidades previamente existentes.
Ante la inexistencia de una estrategia bien enfocada y consistente, la impresión que teníamos desde las cajas de ahorro es que se aprobaban medidas y normas de forma dispersa que de alguna manera equivalían a ir cambiando las reglas del juego a mitad del partido.
Un ejemplo está, sin ir más lejos, en el complejo proceso experimentado por Cajasol, que tras una primera absorción de Caja Guadalajara pasó a integrarse en Banca Cívica junto con otras tres entidades, para finalmente proceder a una fusión con Caixabank en agosto de 2012. Luego me referiré al acierto de esta iniciativa, que se saldó con la devolución de las ayudas recibidas y el mantenimiento de la obra social de Cajasol, gracias a la Fundación que tengo el honor de presidir.
- La última medida de calado de esta primera fase de respuesta a la crisis se adoptó en 2011, cuando se aprobó un decreto para el reforzamiento del sistema financiero que elevó los niveles mínimos de capital de máxima calidad que debían mantener las entidades. En concreto se estableció una ratio mínima de core capital, o capital principal, del 8%, que se elevaba al 10% para determinadas entidades con excesiva financiación mayorista. El FROB inyectó otros 10.000 millones de euros en cuatro entidades consideradas viables y se procedió a la venta de cuatro catalogadas como no viables.
A partir de 2012, cambio de tendencia
Como les decía, a partir del año 2012 se inicia una segunda etapa en el proceso de reestructuración del sistema financiero español. Un nuevo periodo marcado por un cambio de tendencia en la estrategia de los poderes públicos frente a la crisis.
Hubo una toma de conciencia de que las medidas adoptadas hasta el momento habían resultado insuficientes, más aún en un momento en el que la economía española se enfrentaba a una segunda recesión y sufría los efectos del contagio de la crisis de la zona euro.
Frente a la lentitud en la reacción y la dispersión de las iniciativas emprendidas hasta la fecha, a partir de este momento se adopta una línea de respuesta más eficaz y ágil, que culmina con la firma, en el mes de junio de ese año 2012, del Memorándum de Entendimiento con la Unión Europea.
Se trata de un acuerdo de enorme importancia porque permitió poner sobre la mesa una hoja de ruta definida para la reforma del sector bancario. Con objetivos creíbles, con condiciones claras para todos, con plazos concretos y con herramientas eficaces para sanear y redimensionar el sistema financiero, y conseguir en último término que el crédito vuelva a fluir en la economía española.
Los primeros pasos de esta nueva estrategia se dieron de manera previa a la firma del Memorándum con la aprobación de dos decretos, en el primer semestre de 2012, que establecieron medidas de saneamiento adicional de los balances de las entidades y permitieron realizar una valoración realista de sus activos. En especial los relacionados con el sector inmobiliario, que eran los que más dudas suscitaban en los mercados.
Como les decía, estas medidas sentaron las bases que permitieron, unos meses después, firmar el Memorándum de Entendimiento por el que el Gobierno español solicitó formalmente a la Unión Europea asistencia financiera para apoyar un proceso más amplio de reestructuración y recapitalización del sistema bancario.
Europa concedió al FROB una línea de crédito de un máximo de 100.000 millones de euros, aunque la cantidad acordada finalmente fue de 40.000 millones, lo cual representa en realidad un buen indicador, en la medida en que apunta a que la situación del sector y los posibles escenarios de futuro no eran tan adversos como en un primer momento se pudo pensar.
De las diez entidades con necesidades de capital, dos fueron capaces de cubrirlas por sus propios medios, a través de ampliaciones de capital, recompra de deuda subordinada y liquidación de activos. En el resto de entidades se aplicaron una serie de medidas, incluida la asunción de pérdidas por parte de accionistas y tenedores de instrumentos híbridos, la segregación de activos inmobiliarios y la desinversión de otros activos.
Creo que es importante detenerse para recordar este hecho: es decir, que el memorándum implicó cambios y condiciones que afectaban a todas las entidades españolas en su conjunto, recibieran o no ayudas económicas. Me refiero al establecimiento de obligaciones de solvencia como la fijación de con un core capital mínimo, así como medidas de liquidez o modificaciones normativas sobre provisiones o protección del consumidor.
Para los bancos y cajas que recibieron fondos públicos las exigencias fueron lógicamente más severas, con medidas que abarcan desde el llamado bail-in -es decir, convertir a los acreedores en accionistas-, a otras como la salida a bolsa de las cajas o la creación de un banco malo único.
En definitiva, el acuerdo marcó el primer trimestre de 2013 como plazo tope para completar la recapitalización del sistema bancario, a partir de tres fases fundamentales:
- La primera, un análisis exhaustivo, entidad por entidad, de la calidad de sus activos, para determinar las necesidades de capital de cada una de ellas. Este análisis, creo que es importante destacarlo, corrió a cargo de dos expertos independientes, lo que aportó una dosis muy valiosa de transparencia y credibilidad al proceso de reestructuración, absolutamente imprescindible en un momento de tanta incertidumbre. Al mismo tiempo, se llevaron a cabo pruebas de resistencia individualizadas (o stress test) para determinar cuánto capital era necesario inyectar en cada una de ellas.
El primero de esos test sobre los 14 grandes grupos bancarios españoles se realizó en septiembre de 2012 y sus conclusiones se reflejaron en el llamado informe Wyman. Lo que este examen demostró fue, en primer lugar, que había situaciones muy distintas entre las diferentes entidades. Una buena parte de ellas no precisaban recibir ningún capital, pero había otras con necesidades muy significativas, como era el caso principalmente de Bankia. El Banco de España calcula que del rescate de Bankia —el mayor de todos, por unos 24.000 millones— el Estado apenas podrá recuperar unos 9.000 millones. Les llamo la atención que una sola entidad absorbió más del 40% del rescate bancario. Definitivamente, no, no todos los bancos y cajas se encontraban en la misma situación.
- Una vez realizado ese examen externo, las entidades debían presentar planes de recapitalización, reestructuración y, en caso necesario, resolución de los bancos más débiles. Y con un criterio claro: que el reparto de la carga de este proceso fuera asumido por los propios accionistas.
- Y, por último, los activos inviables de las entidades receptoras de ayudas públicas fueron segregados y transferidos a una entidad externa para minimizar su riesgo.
Esa entidad, ese llamado “banco malo”, ha sido la SAREB, creada en octubre de 2012 con el encargo de pilotar una desinversión ordenada de los activos procedentes de la reestructuración bancaria, con un horizonte temporal de 15 años. Sus recursos propios se fijaron en 4.800 millones de euros, es decir, un 8% de los activos transferidos. Y se diseñó una estructura en la que el FROB asumía una posición no mayoritaria, pensada para que la deuda emitida por la SAREB no computara como deuda pública ni sus pérdidas afectaran al déficit del Estado.
Como criterio, se determinó la transferencia de los activos adjudicados con un valor neto contable superior a los 100.000 euros; los créditos a promotores valorados en más de 250.000 euros y las participaciones empresariales de control vinculadas al sector de la promoción inmobiliaria.
Se fijaron igualmente unos descuentos en los precios de transferencia del 63% de media para los activos adjudicados y del 46% para los créditos.
A cambio de esos activos, las entidades recibían títulos de deuda senior emitida por la Sareb con aval del Estado. El volumen total transferido ha ascendido a 50.800 millones de euros, a partir de unos activos valorados en los balances de las entidades en más de 106.000 millones de euros.
En paralelo, las entidades con déficit de capital debían reducir la inyección de dinero público para su recapitalización repartiendo la absorción de pérdidas entre accionistas y acreedores subordinados.
Con todas estas medidas, a finales de 2014 el nivel de exposición de las entidades a la actividad inmobiliaria se había reducido desde 2011 en unos 150.000 millones de euros, cerca de un 62%.
Escenario actual y de futuro
Hasta aquí el relato somero de las medidas de reforma bancaria que se pusieron en marcha a lo largo de aquella prolongada crisis.
La pregunta que toca ahora hacerse es, después de todas estas reformas, ¿cómo ha quedado finalmente el sistema financiero español, y en qué condiciones se encuentra para afrontar las nuevas exigencias de un mercado distinto, cada vez más difícil y competitivo?
El resumen de la situación actual es que hay menos entidades, es cierto, pero son más grandes, están bien capitalizadas y son más competitivas. Es decir, el sistema ha ganado en solidez, estabilidad y confianza.
Creo por tanto que el balance que podemos hacer de este proceso de reestructuración es, con todas las cautelas, positivo. Las cifras y datos disponibles son claramente sintomáticos de la mejoría que ha experimentado el sector bancario, tanto en términos de liquidez como de solvencia.
Les aportaré otro dato reciente: el índice de morosidad de los bancos españoles alcanzó su máximo en el año 2013, con una tasa del 13,6. El último dato del Banco de España, del pasado mes de julio, lo reducía al 3,8%.
Antes he hecho referencia a las ayudas a la banca, de las cuales, la gran parte no se ha recuperado. Para ser justo, creo que hay que añadir también dos elementos a los que no se suele hacer demasiada referencia:
En primer lugar, los continuos esfuerzos realizados por el sector, al margen de las ayudas públicas. Tengan en cuenta que, a lo largo de siete años, entre 2008 y 2014, el sector dotó, contra resultados o reservas, provisiones por más de 280.000 millones de euros. Si a esta cifra se le suman las ampliaciones de capital llevadas a cabo en ese mismo período, se alcanza un reforzamiento total de los recursos propios, sin contar las ayudas públicas, de 330.000 millones de euros. Una cifra similar al 30% del PIB medio de España en ese período.
Y, en segundo lugar, he de destacar que, pese a la enorme profundidad de la crisis y los riesgos a los que hubo que hacer frente, se ha conseguido mantener algo importante: el 98% de todos los depósitos de las familias españolas, aquellos inferiores a los 100.000 euros, no sufrieron ninguna pérdida.
Dicho todo esto, cabe preguntarse, ¿cuáles son los desafíos y retos que afronta el sistema a partir de ahora? El principal de ellos, sin duda, es el de generar una rentabilidad suficiente.
Así es: debemos tener en cuenta que el conjunto de medidas que se adoptaron para hacer frente a la crisis ha conducido a la banca a operar con tipos negativos de interés durante prácticamente doce años y hasta fechas, como saben, bien recientes.
El impacto en la rentabilidad bancaria ha sido muy intenso y supone, en la actualidad, la principal vulnerabilidad del sistema bancario. De hecho, según Funcas, las entidades financieras en este tipo de entorno monetario experimentaron una disminución del 17,4 % en sus márgenes de intermediación comparadas con aquellas otras que operaban en países que no adoptaron tipos de interés negativos. Aun así, y por referirnos a España, De media, los márgenes de intermediación bancaria del sector bancario español mostraron un nivel del 1,9%, superando claramente al de sus homólogos en Francia (0,9 %), Alemania (1,1 %), Italia (1,3 %) y Países Bajos (1,3 %).
El propio FMI, firme defensor de los tipos negativos, sin esa política habría menos crecimiento, menos crédito y menos empleo. Pero en sus propios informes nunca ha dejado de reconocer el efecto negativo que la situación actual representa para los márgenes bancarios y el deterioro que puede representar para la solidez del capital y la solvencia que tanto han costado recuperar en los últimos años.
Si hay algo nos ha enseñado la crisis, es que conviene no bajar la guardia en ningún momento y que debemos estar muy atentos para prevenir cualquier nueva situación de vulnerabilidad del sistema financiero.
Es verdad que la situación acaba de cambiar, con la subida de tipos de interés decretada recientemente por el Banco central Europeo, lo que supone una normalización del negocio bancario tradicional, que supone, sencillamente, adquirir dinero barato y venderlo más caro. Sin embargo, la subida de los tipos llega en un momento muy complejo: de un lado, la inflación tan elevada hace que la rentabilidad real, esto es, descontada la inflación, sea mucho más baja o incluso negativa. De otro, la situación de incertidumbre derivada de la guerra de Ucrania y de la consiguiente crisis energética augura una contracción de la economía, con el consiguiente impacto en el empleo y la generación de riqueza.
Antes he hecho referencia a la baja morosidad que afortunadamente tenemos ahora, pero es evidente que un contexto como este puede generar un repunte de esta. Dependerá, como casi todo, de la duración de esta situación de incertidumbre en la que Putin ha empleado algunas herramientas, como el suministro de gas, como una auténtica arma de guerra.
Por cerrar el capítulo sobre la rentabilidad de los bancos, no quisiera terminar sin hacer referencia al impuesto, es verdad que temporal, aprobado por el Gobierno de nuestro país. Sobre este aspecto, sólo diré una cosa: ese impuesto tiene en cuenta el volumen total de beneficios derivados de los márgenes de intermediación y las comisiones netas. Pero, aunque el volumen sea importante, lo cierto es que, después de los esfuerzos de los últimos años, la rentabilidad relativa de los bancos (beneficios por acción o por activos) es bastante modesta. Y no creo necesario insistir en la importancia que tiene para nuestra economía contar con un sistema financiero estable, sólido y saneado.
Antes nos preguntábamos por los retos de la banca en la actual situación y, tras citar el de la rentabilidad, voy a señalar dos, que están, como es lógico, íntimamente relacionados con el primero.
En primer lugar, el de la estructura de los bancos. Antes señalaba la disminución del número de sucursales, que ha venido acompañado, aunque en menor medida, por una importante reducción de empleados. En efecto, en los últimos cinco años el sector ha visto reducidos sus recursos humanos en más de 21.000 personas, aproximadamente la mitad de ellos en los grandes bancos y el resto en entidades de menor tamaño, pasando de 185.000 en 2017 a 164.000 en 2021. Pero si digo en menor medida que la reducción de sucursales es porque si la media de empleados por sucursal era en 2014 de 6,4 empleados por sucursal, al final de 2020 dicha cifra era de 7,8 empleados.
En todo caso, es evidente que el incremento de usuarios de la banca electrónica ha ido reduciendo las necesidades de implantación física de los bancos en los territorios y esta tendencia se ha visto elevada exponencialmente a raíz de la pandemia, que aceleró el uso de la banca electrónica, tendencia que se plantea como irreversible de cara al futuro.
De hecho, el porcentaje de clientes de banca digital ha aumentado en más de un 60 % desde 2010, lo que significa que casi 22 millones de personas utilizan con asiduidad los servicios de banca digital, aunque eso no quiere decir que, en determinados servicios, como contratar una hipoteca o invertir en productos no representen un porcentaje menor que otros menos relevantes, como consultar un salo o realizar una transferencia. En definitiva, el porcentaje de clientes que se relacionan con su banco exclusivamente por medios digitales o telemáticos es significativamente menor.
No obstante, no quisiera eludir el problema de la exclusión financiera en algunos territorios –singularmente los de la España despoblada—y, paralelamente, en algunos segmentos de la población, a los que el uso de las herramientas digitales les resulta engorroso y complicado. Un reciente informe señalaba que, en 2019, el 52,7 % de los municipios españoles no contaban con una sucursal bancaria, porcentaje 8,4 puntos más alto que en 2008. Desde luego, no hay que perder de vista les necesidades de este sector de la población, el de mayor edad, sobre todo porque se trata de un colectivo llamado a crecer, como consecuencia del envejecimiento de la población.
En este sentido, me parece positiva la concienciación creciente de las principales patronales bancarias, que este verano anunciaron un plan de choque contra la exclusión financiera no sólo de las personas mayores sino de aquellas con capacidad y, con carácter general, en los entornos rurales. Y por citar un acuerdo muy reciente entre PSOE y PP durante la tramitación en las Cortes para que el servicio de Correos contribuya a garantizar la retirada de efectivos en poblaciones que no cuentan con servicios financieros.
El tercer y último reto del sistema bancario al que quería hacer referencia, junto a la rentabilidad y la nueva estructura, es el fenómeno de la llamada “plataformización” de la banca, que se configura como un auténtico “supermercado”, un agregador en el que se ofrecen servicios bancarios y no bancarios propios y de terceros en el que intervienen múltiples proveedores.
Un proceso que no diré que sea inverso, pero sí paralelo a la entrada de las llamadas “big tech” como Microsoft, Apple o Google en servicios financieros. No es el futuro, sino el presente. Amazon ya ofrece créditos a sus proveedores para ayudarles a crecer y, desde luego, tienen capacidad tecnológica, financiera y reputacional para acceder a la inmensa mayoría de la población.
Particularmente, no creo que estas grandes corporaciones tecnológicas globales pretendan desplazar a los bancos tradicionales del mercado financiero, básicamente porque las exigencias regulatorias del sistema financiero son mucho más exigentes que en los ámbitos comerciales más flexibles y globales en los que se mueven las big tech, más interesadas por ahora en facilitar a sus clientes métodos de pago. No obstante, el Banco de España ya advirtió hace un par de años que, tras los pagos, las big tech entrarán en los créditos al consumo, por ser uno de los segmentos más rentables.
No obstante, la experiencia de los últimos años demuestra que, junto al recelo y la competencia, ya se han configurado escenarios de cooperación, como lo demuestra que millones de usuarios pagan con su tarjeta bancaria de la banca tradicional utilizando Apps como Google pay o Apple pay.
Como se ve, es un reto para el sistema financiero, tanto en el sentido de oportunidades como de riesgos, pies la gran musculatura de estas grandes corporaciones podrían desplazar a los bancos como meros financiadores de los préstamos generados desde las grandes plataformas.
Señoras y señores, voy finalizando mi intervención, pero no sin antes volver a agradecer a esta Real Academia por su invitación y por darme la oportunidad que compartir con todos ustedes la experiencia de la banca española y el difícil camino recorrido hasta ahora para adaptarse a un nuevo entorno financiero que ha vivido una verdadera catarsis en los últimos años y se abre de nuevo, más allá de la difícil coyuntura que atravesamos, ante un escenario de transformaciones y nuevas exigencias
En efecto, y como les he venido relatando a lo largo de mi conferencia, en el entorno financiero mundial y también español las cosas han cambiado y ya no volverán a ser como antes. Pero seguramente es bueno que así sea. Porque hoy nuestro sistema bancario está más saneado, es más eficiente y tiene cimientos más sólidos.
Esa es, sinceramente, mi convicción: que el sector financiero, gracias a los esfuerzos de los últimos quince años, hoy se perfila como un factor de empuje para la economía de nuestro país.
En el caso concreto de Cajasol, cuya Fundación tengo el honor de presidir, su integración en Caixabank ha permitido no sólo formar parte del grupo financiero más solvente de España, sino también mantener viva la importantísima obra social que veníamos realizando, y que como saben es la seña de identidad del modelo de cajas de ahorros español.
Una obra social que se articula en tres grandes líneas de trabajo:
- Por un lado, el impulso al crecimiento económico, el desarrollo social y la creación de empleo. Tenemos un compromiso muy importante con la formación y el apoyo a jóvenes emprendedores a través del Instituto de Estudios Cajasol y de otras iniciativas de asesoramiento y financiación.
- Por otro, estamos volcando nuestra acción social, a la que dedicamos una parte muy sustancial de nuestro presupuesto, a las familias y colectivos más vulnerables, con iniciativas de ayuda de emergencia a hogares en riesgo de exclusión, apoyo a personas en situación de dependencia y el impulso del voluntariado.
- El tercer gran eje de nuestra actividad, y que representa sin lugar a dudas una de las grandes señas de identidad de nuestra misión como Fundación, está la conservación, la promoción y la difusión del rico patrimonio cultural y artístico de Andalucía, junto a un apoyo decidido al deporte andaluz.
No quiero concluir estas líneas sin reiterar a la Real Academia san Dionisio de Jerez mi agradecimiento por su invitación a participar en sus actividades, tan relevantes para la cultura, el arte y la ciencia de nuestra Comunidad.
Pueden verla íntegramente en el siguiente enlace:
